Presentación ante el Juez Martínez de Giorgi en la causa por
las irregularidades en los amparos de Gendarmería y Prefectura
Carrió pidió en la Justicia
que se investigue a la
Presidente y al Jefe de Gabinete por omisión de denuncia y
violación de los deberes de funcionario público y a Aníbal Fernández como
“promotor y encubridor de de la asociación ilícita entre Jueces, abogados,
miembros del poder político y jefes de Gendarmería y Prefectura
Buenos Aires, 11 de octubre de 2012.
La diputada Nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI) se presentó hoy ante la Justicia para ampliar la
denuncia a la figura de asociación ilícita en la causa por irregularidades en
los amparos de Prefectura y Gendarmería que abrió el Gobierno. Pidió que se
investigue a la Presidente
y al Jefe de Gabinete “por posible omisión de denuncia, y/o violación de los
deberes de funcionario público y/o encubrimiento” y a Aníbal Fernández “como
promotor y encubridor”.
Carrió afirmó “esto nada tiene que ver con el reclamo legítimo de los
suboficiales, por el contrario apoyo el pedido de un sueldo mínimo de 7000
pesos”. La presentación la realizó ante el Juzgado Federal 8, Secretaría 15 que
está a cargo del Juez Martínez de Giorgi.
Solicitó que se investigue a la
Presidente de la
Nación para determinar en qué fecha tomó conocimiento de la Auditoría de la Procuración del Tesoro
y en qué fecha la ministra Nilda Garre le informó de las gravísimas
irregularidades y delitos que se estaban cometiendo bajo el amparo de Aníbal
Fernández y, “en su caso, se impute a la Sra. Presidenta
junto al Jefe de Gabinete Abal Medina, por posible omisión de denuncia, y/o
violación de los deberes de funcionario público y/o encubrimiento”, según
redactó Carrió en la denuncia.
La diputada pidió que se investigue al ex ministro de Justicia Aníbal Fernández
como promotor y encubridor de la asociación ilícita entre Jueces, abogados,
miembros del poder político y jefes de Gendarmería y Prefectura.
Carrió pidió que “se investigue a quien fuera Ministro de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos y Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, como posible “promotor” o
en su caso, encubridor, de las acciones desplegadas por la asociación ilícita
entre Jueces, abogados, miembros del poder político y jefes de Gendarmería y
Prefectura, denunciada en la presente causa” y agregó: “de la manera en que han
transcurrido los hechos, debe ahondarse en la presente investigación, a fin de
determinar si el nombrado ex Ministro conocía, avalaba y/o promovía de algún
modo, esas cautelares que beneficiaron a alto mandos de la Gendarmería y la
Prefectura Naval”.
Para la diputada opositora de este accionar también da cuenta “la Sentencia de destitución
de fecha 27 de abril de 2012, del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Corrientes,
dictada en contra de la
Sra. Jueza en lo Civil, Comercial y Laboral de la Ciudad de Santo Tomé, Dra.
Graciela Beatriz Duarte. Así como la acusación próxima a ser tratada, promovida
en contra del Sr. Juez Civil y Comercial de la Ciudad de Santo Tomé Dr.
Humberto Camilo De Biase Echevarría o Echeverría y el informe de la Dirección Nacional
de Auditoría de la
Procuración del Tesoro de la Nación sobre medidas
cautelares trabadas por personal de la Gendarmería Nacional
ante juez incompetente, de fecha 16 de mayo de 2012, respecto de las medidas
cautelares decretadas por el Juzgado Civil, Comercial del Trabajo y de Menores
de la ciudad del El Colorado, Pcia. de Formosa , que se adjuntan”.
Carrió describió en su denuncia que “determinados Jueces provinciales del fuero
ordinario, admitían sistemáticamente, amparos en contra del Estado Nacional por
reclamos salariales de integrantes de las distintas fuerzas nacionales, a
sabiendas que no eran competentes para intervenir en las mismas; dándole a los
mismos un trámite “express”, otorgando medidas cautelares beneficiosas en
plazos muchos más exiguos que para el resto de las causas tramitadas por otros
estudios jurídicos, y reteniendo luego, los expedientes para evitar que los
mismos pasaran a la Cámara
y pudieran ser revocadas las medidas. Ello, mediante comportamientos abusivos
incluso respecto del personal de los propios juzgados, y con evidentes
vinculaciones con los profesionales particulares, quienes con desparpajo
asistían a entrevistas a puertas cerradas con los magistrados, en las sedes de
los juzgados”.
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