El patrimonialismo corrupto
Con justa razón, en los últimos días se recordó que los Kirchner
fueron fervientes privatizadores en los 90, cuando impulsaron el remate de YPF,
para pasar a ser entusiastas estatistas nacionales y populares en 2000. Lo que
nadie se preguntó fue el porqué de semejante conversión en tan poco tiempo.
Sugiero que la respuesta está en lo que denomino el patrimonialismo corrupto:
una matriz de saqueo que antepone el negociado personal desde la estructura del
Estado al interés de la
Nación.
En aquellos años comenzó la etapa del desguace del Estado a
partir de la venta de las empresas de servicios públicos. La dictadura comenzó
a redinamizar la matriz de saqueo que el menemismo consolidó. Fue un proceso
que –vía capitalización de deuda pública– tuvo como objetivo la captura de la
renta nacional a precio vil. Se cedió a valores irrisorios gran parte del
patrimonio nacional y se transfirió la renta generada desde el sector público
al sector privado, en procesos que en muchos casos terminaron en el
vaciamiento, cuyo ejemplo paradigmático es el de Aerolíneas Argentinas. Las
condiciones de la privatización indujeron a que se asociasen un operador con
experiencia (forzosamente extranjero), un lobbista local y un gran empresario
nativo.
Mientras el viejo esquema del PJ noventista fue la entrega de
negocios rentables a empresas extranjeras que junto con socios nacionales se
beneficiaban con la paridad cambiaria, hoy la confusión entre lo privado y lo
público queda consagrada en la creación de sociedades anónimas bajo una apariencia
reestatizante.
Con el manto de una vuelta hacia un Estado benefactor, lo único
concreto que se palpa es que toda la normativa desarrollada por los gobiernos
Kirchner es una privatización al interior de los negocios de una facción
política del poder.
Si en los noventa se privatizaba y se abría a licitación pública
internacional en beneficio de empresas extranjeras, hoy se desestatiza creando
sociedades anónimas sujetas al derecho privado, sin control estatal de ninguna
especie, con aporte de capital por parte del Estado y el resto cedido en
acciones a los grupos económicos amigos del poder. Y lo que es más escandaloso
aún: estas sociedades dispondrán de patrimonio público en beneficio
privado.
El Estado ha decidido tomar a su cargo la prestación de los
servicios bajo formas que permitieran control y revisión pública. En cambio,
elige formas que lo alejen todo lo posible de ello. Ni siquiera la Ley de Reforma del Estado que
en los noventa redactó quien hoy sería asesor del ministro De Vido, Roberto
Dromi, se atrevió a tanto. Aun en aquellos escandalosos y cuestionados
procesos, el Estado conservó para sí la regulación, el poder de policía, el
control y la facultad de sustitución en caso de reasumir la prestación.
La patrimonialización del Estado supone, por tanto, ese conjunto
de patrones vigentes o prácticas políticas que borran o confunden
convenientemente, como regla general, la diferencia de lo público y lo privado,
permitiendo la disposición de lo primero con total omisión de las reglas y
leyes establecidas para el manejo de los bienes públicos.
La última perla del patrimonialismo corrupto es la heroica
vuelta al Estado nacional de YPF de la mano del interventor que fue uno de los
principales responsables de su vaciamiento: el ministro Julio De Vido, que tuvo
a su alfil Roberto Baratta en el directorio de Repsol durante los últimos años,
lugar desde donde avaló con su firma el desguace de la empresa, que también
contó con la complicidad de los síndicos designados por la Sindicatura General
de la Nación.
El acto que presidió la Presidenta en el que hizo el anuncio podría ser
digno de integrarse a la película Bananas, de Woody Allen, si no fuese una
clara demostración de la situación de despojo a la que es sometida la Argentina : los mismos
que privatizaron e incorporaron a sus amigos con la familia Eskenazi ahora se
nos presentaban como los emancipadores y los abanderados de la defensa de
recursos estratégicos. Los que tienen tanta responsabilidad en el vaciamiento
como los empresarios españoles aparecían como los libertarios y garantes
del patrimonio nacional.
Quienes detentan posiciones de poder ascienden a ocupar roles de
gobierno apropiándose de los derechos y bienes del Estado, transformándolos en
propios, ya sea como funcionarios en representación del Estado o como miembros
de esta flamante burguesía nacional representada en YPF por la familia
Eskenazi.
Esta forma particular que adopta hoy el régimen se caracteriza
por la exaltación del mandato popular, manteniendo la lealtad de sus “cuadros”
gracias al reparto de bienes, siempre y cuando formen parte de “su” círculo. El
“patrimonialismo corrupto” es la existencia de una administración mantenida en
el interior del poder político y económico que rodea la mesa chica kirchnerista
y que tiene como objetivo el enriquecimiento personal.
Pero lo que el pueblo argentino debe saber es que ningún modelo
puede sostenerse en el tiempo si los únicos beneficiados son los saqueadores.
Ni siquiera puede hacerlo al amparo de apoyos populares que consagren amplias
mayorías legislativas. No pudo con la máscara liberal de los noventa ni podrá
con la farsa camporista de 2000.
*Diputada nacional Coalición Cívica ARI.
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