Otro presupuesto, la misma obligación
El tratamiento del presupuesto nacional encarna una trampa para la oposición. Está planteado de forma tal que pretende hacernos elegir entre el menor de dos males: ser cómplices de una mentira o ser acusados de obstaculizar la gestión de un gobierno constitucional. Esto no debería ser así, claro. Pero lo es desde 2003, cuando el Poder Ejecutivo inauguró la metodología de armar un presupuesto con premisas falsas que subestiman los recursos, presentándolo al Congreso sólo para su aprobación o rechazo.
La subestimación de recursos le deja toda la discrecionalidad posterior en la decisión de cómo gastar el inevitable excedente entre la ficción y la realidad. Desaparece así la saludable discusión presupuestaria que opera en cualquier democracia y que es primordial en el caso de la llamada "ley de leyes". A los diputados propios se les exige subordinación en la complicidad; a los ajenos, una decisión envenenada y, en última instancia, inútil: a diferencia de lo que ocurre en las provincias y en cualquier lugar del mundo, aquí el presupuesto nacional se puede aprobar por decreto.
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